Barranquilla (Atlántico), 4 de octubre de 2023 (@DefensoriaCol). ¿Cuál es el papel de las Defensorías del Pueblo frente a la conflictividad social? Esta fue la pregunta central que respondieron los expositores reunidos en el panel Prevención y Transformación de los Conflictos Sociales, que se desarrolló en el XXVII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO).

Los Defensores del Pueblo de Ecuador, César Córdova; Perú, Josué Gutiérrez Cóndor; la Procuradora de los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero de Guevara; el encargado de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Juan Enrique PI, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, coincidieron en decir que las Defensorías del Pueblo deben jugar un papel preventivo para que sea evitado el conflicto social. El Defensor del Pueblo de Perú señaló que los conflictos sociales pueden costarle a un país la pérdida de recursos. “Nuestra participación debe ser de manera preventiva para que la administración estatal pueda adaptar su conducta de manera profesional”, dijo Gutiérrez.

En esa misma vía habló el Defensor del Pueblo de Ecuador, quien dijo que la prevención puede identificar situaciones de conflictividad social: “El reto de las Defensorías del Pueblo es transformar los conflictos sociales en una cultura de la paz”.

En el panel, moderado por el exdirector de medios y periodista, Juan Lozano, el encargado de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile resaltó que los Defensores del Pueblo “debemos estar atentos a las nuevas vulneraciones de los derechos humanos para señalar acciones que garanticen los derechos”. Finalmente, Raquel Caballero dijo que, aunque es clave el papel preventivo de las defensorías, “los Estados deben crear políticas públicas para atender las necesidades de los ciudadanos”.

Para los participantes en el panel, la prevención de los conflictos sociales permite que no se pierdan cuantiosos recursos, no se alteren las dinámicas sociales, ni la movilidad de los ciudadanos, no haya desabastecimiento de alimentos, entre otras situaciones que puedan tener consecuencias para las comunidades; permite, en cambio, que sean garantizados los derechos de las personas y no haya pérdida de vidas.